nov2007 / dic2007 / Portada
 

El canon digital

     Mucho antes de Internet, de la grabadora de CD o del MP3 hubo un invento que provocó que miles de músicos se quedaran sin trabajo. Fue un avance tecnológico al que se opusieron, con todas sus fuerzas, las sociedades de autores de todo el mundo. Era su asesino y se llamaba gramófono. Por culpa de la música enlatada, dejó de ser necesario contratar a intérpretes para ambientar con melodías un restaurante, una sala, un baile. El tocadiscos mató a la música en directo y en esa terrible reconversión industrial, como en todas, miles de trabajadores tuvieron que irse sin la música a otra parte.
     En Estados Unidos, se llegó a pedir la prohibición del disco y el debate llegó, en 1906, hasta el Congreso. “Esas máquinas que hablan van a arruinar el desarrollo artístico de la música”, declaró ante los congresistas estadounidenses John Philip Sousa, un compositor de marchas militares al que hoy se recuerda tanto por sus profecías apocalípticas como por su música. El resto de su testimonio ante el Congreso es aún mejor: “Cuando yo era niño, en todas las casas uno encontraba jóvenes que cantaban. Hoy uno escucha estas máquinas infernales todo el día y toda la noche. No nos va a quedar ni una cuerda vocal, las cuerdas vocales van a ser eliminadas por un proceso de evolución como sucedió con la cola del hombre cuando evolucionó del mono”.
     Un siglo después seguimos teniendo cuerdas vocales y otra serie de avances está matando al viejo asesino, al disco. La tecnología es como Saturno: siempre acaba devorando a sus hijos. Nunca antes fue tan sencillo el acceso a la cultura. Jamás en la historia se ha consumido tanta música como hoy, aunque sea pirata: una revolución que cierra tiendas de discos pero hace que se llenen los conciertos y los musicales. La música fresca está muy viva -en España, los ingresos por conciertos casi se han triplicado en los últimos diez años- pero la música enlatada ya no es tan rentable como fue.
     Esta nueva reconversión está provocando que muchos trabajadores pierdan su empleo, aunque esta vez, a diferencia del gramófono, la gran mayoría de ellos no son músicos. Cierran tiendas de discos, las discográficas reducen plantilla por el lado de los expertos en promoción, los estudios de grabación cada vez tienen menos clientes... Pero el dinero que reparte la SGAE entre sus asociados cada año logra un nuevo récord. “Lo que está en crisis no es la música, sino un modelo concreto de negocio porque la música en vivo parece estar experimentando un momento de auge”. La cita, aunque parezca increíble, es del propio Teddy Bautista, presidente de la SGAE.
     La culpa, como siempre en estos casos, la tiene el progreso: es el mismo motivo que acabó con las minas de Asturias o con los trenes de vapor. El mismo fantasma que provocó tres siglos atrás el nacimiento de los movimientos obreros enfrentados a la máquina, al telar de algodón, a Frankenstein. El mismo monstruo que mandó a miles de músicos al paro cuando la invención del gramófono sustituyó su puesto de trabajo por un disco de pizarra. La gran diferencia es que los fabricantes de neveras jamás pagaron un canon a los vendedores de hielo.
     No al canon... es una tasa injusta. Es cierto que el canon es una imposición europea, pero Europa sólo dice que hay que compensar a los autores por el derecho a la copia privada, no que se pague a la SGAE con cada teléfono móvil. Si hay que subvencionar a un sector para que afronte una reconversión, el dinero debe salir de los presupuestos generales del Estado y lo debe gestionar directamente el Gobierno, no un club privado que no revela cómo reparte lo que recauda. Los impuestos deben ser públicos, no privados. Su gestión también...
     El “no al canon digital” es una de las propuestas estrella del programa electoral del PP. También lo fue en el programa del PSOE la ampliación de la ley del aborto y ahora Zapatero, después de cuatro años sin tocar el tema, se conforma con un comité de expertos que estudie si la reforma prometida es necesaria. Contra la SGAE y contra la Iglesia es más fácil prometer desde la oposición que cumplir desde el Gobierno. No hay nada como tener micrófonos. (Extracto de un artículo de Ignacio Escolar, en Público)

Reflexiones ante las próximas elecciones generales

     Lo que los políticos nos prometen son las cosas que van a hacer con nuestro dinero. Lo que los políticos hacen es sólo una parte de lo que podría hacerse con nuestro dinero, con nuestros impuestos.
     Las campañas electorales no se hacen para informar a los electores sino para intentar engañarlos. Como en la estrategia comercial, no se trata de vendernos lo que nos hace falta, se trata de vendernos "su" producto.
     Ante las elecciones sólo deberíamos tener una cosa en cuenta, de la que tratan de despistarnos: ¿Hay que cambiar el gobierno o sería conveniente que continuaran gobernando los mismos? ¿Me interesa que gobiernen estos o los otros?
     Cuando los políticos se dedican a prometer lo que de sobra saben que no van a cumplir, debemos defendernos con nuestra madurez e información. Es más fácil manipular que convencer, la verdad puede ser enojosa, y el disimulo y la hipocresía son rentables. Por eso nunca debemos perdonar el engaño. Tenemos que exigir a los políticos que cumplan lo prometido sin excusas, sin cambios de opinión; porque lo prometido fue lo que les permitió ocupar el lugar en el que están. Porque en base a eso obtuvieron los votos de los ciudadanos que confiaron el ellos. La desafortunada frase de Enrique Tierno Galván; "los programas están para no cumplirlos", no es compatible con una democracia madura; es más, es contraria a la democracia y su espíritu. Así de simple; si un político te engañó no lo vuelvas a votar. Si un político no ha hecho lo que prometió que haría, no lo vuelvas a votar. Si un político ha hecho lo contrario de lo que dijo que haría, no lo vuelvas a votar. Nada más puedes hacer, pero ya es bastante.
     El político ha de ser honrado y parecerlo. La política es una profesión pública. El ritmo de vida del político no puede estar por encima de su sueldo. No puede permitirse que el político se aproveche del cargo para su beneficio o el de su familia. Cualquier sospecha de utilizar su cargo y los medios públicos para su beneficio, la sospecha de aceptar favores, dádivas, tratos de favor, debiera ser investigada y penada. Quien tras su paso por la política ocupe una posición económica superior a la anterior y no explicable, debiera ser perseguido. En cualquier caso nunca debiéramos consentir la corrupción o el nepotismo; sólo su sospecha es un motivo claro para no votar a ese político. Los políticos siempre tienen acceso a medios suficiente para, de ser honrados, demostrarlo. Si permiten la duda es que son culpables.

Ante el juez por un cachete

     El 20 de diciembre el Congreso eliminó, con la oposición de los grupos conservadores, la cobertura legal que tenía la práctica de los padres de dar un cachete, un azote en el culo o algo más a sus hijos. Cuando la nueva norma entre en vigor en las próximas semanas, nadie podrá agarrarse a la autorización que daba el Código Civil de "corregir razonable y moderadamente" a los hijos para justificar un maltrato infantil. La nueva norma obliga a reprender a los menores "con respeto a su integridad física".
     ¿Que pasará a partir de ahora? ¿Podrán algún padre o una madre comparecer ante el juez por un simple cachete tras ser denunciados por su cónyuge, por un extraño o incluso por el pequeño? "Es posible", "Será el juez el que tendrá que apreciar si ha habido o no maltrato según está definido en el resto de la legislación sobre la materia",  "Educa y no pegues", "nadie tolerará en el futuro el maltrato infantil", explicaron los diputados partidarios de esta modificación de la ley.
     La nuevas leyes no pueden tener carácter retroactivo, si no fuera así con esta ley podría encerrarse a todos lo españoles con hijos. Para albergar a tanto "maltratador" deberían volverse a utilizar como "campos de concentración" estadios de fútbol y plazas de toros. Es complicado porque todos, si nos ponemos a pensar, reconocemos que aquella vez sí fue necesario el bofetón que nos arreó nuestra madre, aunque otras podía habérselo ahorrado. No sé si aquellos golpes disminuyeron el amor que profesamos a nuestros padres; sí sé que nuestra sociedad está cambiando por completo. ¿Se olvidará lo que hoy conocemos como "familia", basada en el amor desinteresado, y se sustituirá por una compilación de derechos y obligaciones? En el escaso tiempo que estamos con nuestros hijos nos ponemos guantes y mascarilla no sea que los contaminemos. Estos niños de los países desarrollados en el siglo XXI, ¿sentirán amor por sus padres, o crecerán sintiendo cariño sólo por quien los ha acompañado; el televisor, la consola y el ordenador?
    Si esta nueva ley evita sufrimientos, abusos y maltrato a un solo niño, estará justificada, pero no debemos olvidar también, que cualquiera de nuestro hijos cambiaría con gusto más de una paliza por sentirse querido cuando se cree ignorado o abandonado. Contra esa mayor crueldad es difícil legislar y es labor de todos que no se produzca.

Medidas para combatir la corrupción urbanística

     Catedráticos, jueces y fiscales aconsejan la demolición de edificios ilegales e incluso la disolución de ayuntamientos infractores.
     El Estado, las autonomías, los ayuntamientos y los jueces están siendo ineficaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto en el que proponen que las Administraciones actúen con mano dura. Ese foro propone medidas ejemplarizantes como la demolición de edificios ilegales y el endurecimiento de las penas para esta clase de delitos.
     Al Gobierno le piden la disolución de ayuntamientos corruptos, que refuerce la independencia y autoridad de los órganos técnicos de los ayuntamientos (Secretarios, Interventores y Tesoreros) cuyas facultades se han recortado, así como un mayor control de los notarios y registradores de la propiedad, que a veces, según el documento, actúan con "connivencia, complacencia, negligencia u omisión" en estos casos.
     También las autonomías deberían acotar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos, con la aprobación de planes que engloben a varios municipios, estableciendo "límites más estrictos en reclasificaciones y recalificaciones de suelo" y obligando a que los planes municipales se basen en "necesidades reales, y no especulativas" de crecimiento de la población. Las comunidades deben controlar especialmente los convenios entre municipios y particulares que, en muchos casos, condicionan construcciones a la recalificación de suelo.
     Según este informe los principales responsables del fenómeno de la corrupción urbanística son los ayuntamientos. Considera "mera arbitrariedad" su resistencia a los controles de otras Administraciones amparándose en la autonomía local y les pide que ejerzan "sus competencias disciplinarias", en muchos casos abandonadas por impopulares o por el miedo al castigo electoral.
     Los jueces de lo Contencioso-Administrativo tienen que dar preferencia a los casos más trascendentes con el fin de restaurar "la situación original dañada" aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que debe ser obligatoria en caso de que se haya cometido un delito. El manifiesto propone que el Código Penal considere prevaricación el informe o voto favorable de cargos públicos a planes manifiestamente ilegales, así como la elevación de las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio.
     Para prevenir el blanqueo de dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los políticos y funcionarios también estén obligados por ley a informar de operaciones sospechosas.

El 45% de los hogares españoles tienen acceso a Internet

     El 45% de los hogares españoles cuenta con acceso a Internet, por debajo de la media europea (54%), mientras que el número de conexiones de banda ancha alcanza un 39%, tres puntos porcentuales menos que la media europea.
     Los datos difundidos por la oficina estadística europea, Eurostat, correspondientes al primer trimestre del año, muestran que España se encuentra muy alejada en el acceso a Internet en los hogares en comparación con países como Holanda (83%), Suecia (79%), Dinamarca (78%), Alemania (71%), Reino Unido (67%) o Austria (60%). Según estos datos, España se encuentra a niveles similares a los de Italia (43%), Francia (49%) o Eslovaquia (46%). No obstante, en el último año, el número de hogares con acceso a Internet aumentó desde el 39% al 45%.
     Una situación similar se vive en el acceso a la banda ancha, ya que el 39% de los hogares españoles dispone de este tipo de conexión, mientras que la media europea se sitúa en el 42%. También en este ámbito, España está muy alejada de los países punteros como Holanda (74%), Dinamarca (70%), Suecia (67%), Finlandia (60%) o Reino Unido (57%). La penetración de la banda ancha en España es similar a la de Irlanda (31%), Francia (43%) o Austria (46%).
     El estudio también detalla el uso que los internautas hacen de la red y, preguntados al respecto, casi la mitad de los españoles cuando accede a Internet revisa su correo electrónico (45%) o realiza una búsqueda (55%). El 30% de los encuestados también dice que recurre a Internet para encontrar mecanismos de protección frente a virus y el 29% reconoce que participa en foros de discusión o chatea por la red. Asimismo, el 26% de los internautas españoles se descarga programas informáticos y el 20% comparte archivos audiovisuales. Por último, el 9% usa Internet para crear páginas web y un porcentaje igual efectúa llamadas telefónicas. En la UE, está más extendido que en España el uso de Internet para las llamadas telefónicas, ya que el porcentaje medio es del 15%, y se eleva hasta el 29% en Francia, el 26% en Luxemburgo o el 25% en Holanda.

Se saltan a la torera las normas que imponen a los demás

     Pere Navarro, director general de Tráfico, el director general de las gafas "fashion", dice que no tiene carné de conducir. No debería extrañarnos acostumbrados como estamos a ver en actitud marcial a algún Ministro del Ejercito que no ha hecho la mili.
     Durante el mandato de Pere Navarro se ha impulsado el carné por puntos y el endurecimiento de las multas de tráfico, también es uno de los defensores de la imposición de penas de cárcel por conducción temeraria, pero para los demás, no para él. El programa de Antena 3, GPS Testigo directo, emitido el miércoles 28 de noviembre lo dejó con el culo al aire. El programa se pegó a los coches oficiales utilizando cámaras ocultas.
     Pere Navarro dispone de chofer y coche oficial, un Audi 4, que fue "cazado" por las cámaras del programa sobrepasando los límites de velocidad con él dentro; circulaba a 132 km/h en una vía señalizada con un máximo de 100 kilómetros por hora, y a 80 en otra cuyo límite está marcado en 50. Además en otro momento el conductor adelanta por la derecha en una autovía y no emplea los intermitentes para indicar el cambio de carril; y todo eso en un tramo de sólo tres kilómetros, no quiero imaginar lo que hará en un tramo más largo. Si la Guardia Civil le hubiera "pillado" le hubieran penalizado seis puntos de carné y una multa de 1.020 euros. Nada, después de ser grabado, llegó al acto convocado y pronunció su discurso habitual sobre los límites de velocidad que hay que respetar en carreteras y ciudades.
     Otro "pillado" por el programa fue Alberto Ruiz Gallardón. El chofer y el coche oficial del señor alcalde madrileño, con él dentro, llegó a alcanzar los 144 kilómetros por hora en una carretera en la que había límite, según el tramo, de 80 y 50. El Ayuntamiento de Madrid está demostrando un elevado celo a la hora de poner multas por exceso de velocidad a los demás, y recauda al año 140 millones de euros por sanciones de tráfico...
     Son muchos los españoles que pueden exhibir multas pagadas por hechos similares y muchos los españoles que tenemos que oír a estos políticos promoviendo medidas más duras para los que no cumplen las normas. No sabíamos que ellos estaban excluidos. Por el momento no han dimitido ni nadie les ha pedido que lo hagan.